A partir del próximo 18 de abril cualquier país de la Unión Europea estará obligado a recibir y procesar facturas electrónicamente en sus operaciones B2G (Business to Government) utilizando un formato común. El plazo de esta obligación se amplía un año -hasta el 18 de abril de 2020- en el caso de las Administraciones Regionales y Locales, para darles tiempo a adaptarse al gran cambio que supone a nivel internacional y por la complejidad del proyecto.
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